martes, 13 de octubre de 2015

El pertinaz mito de los 400 mil abortos en Colombia

Por Mauricio Rubio *


RESUMEN

Por varios años, sin ninguna justificación y contra toda la evidencia disponible, se ha afirmado que en Colombia se practican 400 mil abortos clandestinos anuales. En este trabajo se busca contrastar la validez de este estimativo. En la primera sección se hace una repaso, basado en información de los medios de comunicación, de lo que pudo ser la fuente original de esta cifra. En la segunda sección se muestra que ese apresurado cálculo es inconsistente con un estudio riguroso sobre el aborto inducido hecho en 1992. En la tercera se muestran diferentes fuentes independientes de información que también contradicen esa magnitud. Haciendo una comparación con un problema corriente en la criminología, en la cuarta sección se exponen las dificultades inherentes a la estimación del volumen de las actividades ilegales y se critica una de las metodologías propuestas para hacerlo. Por último, se hacen algunos estimativos del rango del número de abortos anuales a partir de las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud.

ABSTRACT

For several years, without any justification and against all available evidence, it has been said that in Colombia 400,000 clandestine abortions are performed each year. This paper seeks to test the validity of this number. The first section provides an overview, based on information from the media, of what could have been the original source of this figure. The second section shows that this hasty calculation is inconsistent with a rigorous study of induced abortion made in 1992. In the third section different independent sources of information that contradict the estimates are also shown. Making a comparison with a common problem in criminology, in the fourth section the difficulties inherent in estimating the magnitude of illegal activities are exposed and a proposed methodologies for doing so is criticized. Finally, some estimates are made for the range of the number of annual abortions based on different versions of a very reliable Demographic and Health Survey done every five years from 1990.



Una fábula que se propagó y reforzó, como en Macondo


Un buen cuento puede ayudar a entender enigmas reales, que no se sabe de dónde surgieron pero que perduran resistiendo el escrutinio y la crítica.

La historia de Gabriel García Márquez que empieza con el augurio de una mujer que se convierte en una profecía aceptada y reforzada por quienes la oyen hasta que por fin se cumple, se asemeja a lo ocurrido con el conteo de abortos clandestinos. Hace unas décadas alguien, en algún Macondo, se inventó una cifra inverosímil para el número de abortos clandestinos en el mundo. Al igual que en el cuento, sin ninguna evidencia a favor y varios indicios en contra, la increíble cifra fue adoptada y progresivamente certificada por expertos, periodistas y activistas que acabaron convirtiéndola en verdad inmutable, en una impronta tan arraigada que todos los esfuerzos posteriores para estimar un número que nadie ha conocido nunca con certeza se convirtieron en un mero trámite ritual para confirmarla.

Las principales sospechas sobre la autoría del acertijo inicial, después desmenuzado, deformado y amplificado, recaen sobre la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se ha vuelto común que la burocracia internacional calcule el agregado de muchísimas incógnitas -todas las del mundo- incluso de aquellas que no se pueden estimar separadamente en ningún país o ciudad. Sin hacer explícitas las monumentales dificultades inherentes a esa tarea, suman para el planeta magnitudes ilegales o clandestinas que nadie conoce para una población o barrio, ni siquiera para un hogar. A cualquier persona medianamente informada, curiosa y observadora, le resulta difícil saber con certeza lo que ocurre en las llamadas “ollas” -las ventas de droga al menudeo- o los burdeles camuflados con distintas fachadas en su vecindario. A duras penas podrá saber cuantos puntos de venta operan, pero cualquier cálculo de la actividad comercial será pura especulación. A pesar de esa alta e insuperable incertidumbre para la unidad básica de observación, los burócratas internacionales y algunos académicos no tienen reparo en proponer -con supuestos y procedimientos rara vez explícitos y basados en metodologías confusas e imposibles de replicar- estimativos del volumen global de ventas de droga, el número de prostitutas que ofrecen sus servicios en el mundo, el dinero que perciben o el porcentaje de ellas que fueron forzadas a ejercer su oficio.

Esta dinámica no ha sido ajena a los abortos clandestinos. Son comunes los testimonios de mujeres que han abortado sin siquiera contarle a su parejo, a su familia cercana o a sus amistades. “Yo tenía una amiga a la que le contaba todo pero de esto no. Yo no podía comentarlo con nadie… Yo nunca había hablado de esto, nunca, nunca, ni capaz de contárselo al médico, yo nunca, jamás, en mi historia clínica jamás aparece” [1]. El mismo silencio y afán por no dejar huellas de una actividad ilegal se observa entre quienes practican las interrupciones: su principal preocupación es no dejar trazas [2].

Salvo las personas detenidas o las pruebas incautadas en los pocos allanamientos que hace la policía, o en las aún más escasas ocasiones en las que la operación termina con la muerte de la mujer, prácticamente de la totalidad de los abortos clandestinos no queda ningún rastro o vestigio. A finales de los años noventa, antes de hacer una encuesta en tres barrios bogotanos en los que se observaba una alta mortalidad materna, se señalaba que “tener cifras específicas de cuántos se practican en Bogotá resulta casi imposible… no se sabe qué tipo de aborto es provocado o no… (los datos) no son confiables por tratarse de un práctica ilegal” [3].

A pesar de esos impedimentos insalvables para saber lo que ocurre a nivel desagregado, a finales de los ochenta comenzaron a circular en publicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimativos de millones de abortos clandestinos en el planeta. “De acuerdo con un informe de 1987 en el mundo cada año se practican entre 40 y 60 millones de abortos” [4]. Estos arriesgados cálculos se emprendieron a pesar de que unos años antes un grupo científico convocado por la misma OMS implícitamente recomendaba no hacerlos, ni siquiera para un país, dadas las dificultades de información de una actividad no legal [5]. En 1992, otro informe técnico de la OMS reconocía que “es casi imposible estimar con precisión las tasas de aborto” [6].

No parece simple coincidencia que justo después de la divulgación de estas millonarias cifras mundiales empezaran a aparecer en los medios colombianos estimativos igualmente aventurados. “Cada año en Colombia se practican más de 250 mil abortos en madres menores de 19 años” declaró en 1992 el ministro de salud al instalar un seminario [7]. Pocos meses después, el número ya había sido redondeado a 300 mil por un joven periodista [8]. Al cabo de un año, ese supuesto estimativo fue refrendado, dando a entender que provenía de una investigación rigurosa [9].

Para la misma época, el Guttmacher Institute de Nueva York  realizó un estudio en el que encontró que “por cada diez niños que nacen vivos en Colombia, cuatro han sido abortados” [10]. El país aprendió que “Latinoamérica aborta por montones” y que la transición demográfica en la región se estaba logrando, básicamente, “gracias al uso generalizado del aborto inducido”. La sorprendente sugerencia se respaldaba con cifras contundentes. “Casi tres millones de abortos se provocan todos los años en cinco países” [11].

Para 1996, la cifra ya estaba refrendada por Naciones Unidas [12]. El tema pronto dejó de ser exclusividad de la OMS. “Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, anualmente por lo menos 20 millones de mujeres se someten a abortos en malas condiciones” [13].  Poco después, la Iglesia redondeó el número global de abortos eliminando la distinción entre legales y clandestinos: todos eran condenables [14].

A raíz de la discusión en el Senado de la reforma al código penal, en 1998, un asesor científico de Profamilia retomó la cifra mundial de abortos clandestinos en el mundo y también endosó la local [15]. Eso a pesar de que ya se habían realizado en el país tres encuestas lideradas por esa entidad, con una muestra representativa de las mujeres colombianas que desafiaban tales estimativos.

En el 2000, luego de lo que se consideró la “primera condena por aborto” por parte del Tribunal Superior de Bogotá, la cifra colombiana se ajustó de nuevo hacia arriba, 350 mil abortos [16]. Un mes después, Gloria Moanack, conocida periodista hizo un balance del conocimiento sobre la actividad clandestina, señaló las dificultades para conocer su magnitud, recordó la confusión entre abortos espontáneos e inducidos, pero dejó abierta la posibilidad de que los últimos fueran muchos más [17]. Confirmando esa predicción, un año después, en un artículo sobre el embarazo adolescente, el fenómeno siguió creciendo: 400 mil [18]. En una entrevista publicada en 2002, Florence Thomas ya habla de medio millón [19].

Mónica Roa, reputada abortóloga, publicó en 2005 un excelente artículo de divulgación de una investigación del Externado de Colombia sobre aborto inducido [20] con una perla que reflejaba la fe ciega en la cifra: si los embarazos anuales eran 1.5 millones y los nacimientos 1.1 millón, la diferencia, “no se puede explicar de otra manera”: son 400 mil abortos. Para confirmar un apreciado prejuicio, ignorar las pérdidas espontáneas es un desliz menor [21].

En 2011, el Guttmacher Institute, contradiciendo trabajos propios anteriores, con metodología y supuestos desfasados [22], ya lamentables, se las arregló para ratificar que los abortos clandestinos eran 398.700. Recientemente, por donde menos se esperaba llegó la adhesión irracional a una cifra absurda. Profamilia, la entidad que realiza cada cinco años lo que se conoce como la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), un trabajo de campo impecable con muestras altamente representativas, endosó nuevamente el mito para una campaña publicitaria, a pesar de que su valioso instrumento –aplicado ya en siete oportunidades- lo contradice tajantemente [23]. Con ese importante respaldo, la cifra sigue siendo aceptada y reforzada por los analistas más serios [24]. La inverosimilitud se estiró hace poco aún más: la exagerada cifra no correspondería a la totalidad de los abortos ilegales sino a los que ocurren bajo las tres circunstancias excepcionales contempladas por la jurisprudencia para que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) sea legal [25].

Parecería entonces que los ahora indefectibles 400 mil abortos anuales llegaron a Colombia por regla de tres, como fracción equivalente a la participación de nuestra población en el millonario total mundial y fueron ajustados progresivamente al alza. Un indicio, adicional a la coincidencia en magnitudes, es que antes de los estimativos globales nadie lanzaba números en los medios y a raíz del despliegue de esa millonada, la proporción correspondiente al país fue adoptada por periodistas, después por activistas, hasta convertirse en la coletilla obligada de cualquier referencia al tema.

La versión original del trabajo con los primeros estimativos mundiales millonarios de la OMS ya no se consigue, pero la sexta reedición tiene una sección metodológica reveladora, que lleva a pensar en el cuento de García Márquez [26]. El principal insumo actual para calcular el total de abortos clandestinos en el mundo son los miles de comentarios y análisis disponibles en internet hechos en distintos países, no siempre con trabajo de campo, ni con encuestas, sino con estimativos que, como los de periodistas o activistas en Colombia, tal vez se originaron en los cálculos fantásticos de los mismos funcionarios con imaginación global que ahora confirman sus profecías. 

Incoherencias con la información disponible


Por la época en que empezó a abrirse camino la fantástica cifra cercana al medio millón de casos clandestinos anuales, ya se disponía en el país de un estudio riguroso sobre el aborto inducido, con encuesta y una muestra respetable. La investigación, hecha por la Universidad Externado de Colombia, no aventuraba cifras anuales, pero con algunos cálculos simples queda claro que el estimativo implícito es muy inferior, unos 130 mil abortos [27], o sea la tercera parte del número adoptado por medios y expertos. La proporción de 14.5 abortos por cada 100 nacimientos consignados en esta muestra difiere sustancialmente de los más de cuarenta supuestos por el Guttmacher Institute e implícitos en el cálculo de los 400 mil.

Para una fracción más pertinente, la de los embarazos que terminan en aborto [28], el citado estudio señala que “12.37% de estos embarazos terminó en aborto inducido” [29]. Así, en su apresurado estimativo Mónica Roa no sólo olvidó separar los abortos espontáneos de los inducidos sino que tampoco verificó que la proporción calculada por ella (27%) no correspondía al porcentaje explícitamente señalado en el trabajo del Externado. A pesar de estas inconsistencias, no hubo mayor reparo por parte de los medios en asignar erróneamente la responsabilidad de la cifra fantástica de abortos clandestinos a los estudios del Externado [30].

Aún sin acudir a esta referencia técnica, eran evidentes las incoherencias entre los estimativos que se propagaron y la información disponible en los medios de comunicación que apuntaba, toda, a magnitudes bien inferiores.  El primer dato relevante era la comparación con el número de abortos per cápita que se observaban en otros países reconocidos por su alta incidencia de abortos. La antigua Unión Soviética, por ejemplo, fue considerada por varias décadas a la cabeza internacional en materia de interrupción de embarazos. Rusia fue el primer país del mundo en aprobar, en 1920, el aborto totalmente libre. En 1995, un despacho desde Moscú de una agencia española de noticias señalaba en los medios colombianos el “récord en abortos” que se observaba allí [31]. Por aquel entonces, la población rusa era unas ocho veces la colombiana [32] o sea que, en términos per cápita, las colombianas supuestamente estaban abortando casi lo mismo que las soviéticas, líderes mundiales.  

Otro país reconocido por su alta incidencia de aborto ha sido la China, en buena parte debido a su estricta política demográfica y la práctica del aborto legalmente aceptada. “Uno de cada tres embarazos termina en aborto” escribía en 1993 en su investigación sobre el tema el mismo joven periodista que no se molestó en verificar que esa altísima proporción era inferior a la que él pregonaba para Colombia unos párrafos antes [33]. La simple comparación de las tasas de aborto per cápita en varios países del mundo hubiera permitido poner en duda la cifra de los 400 mil abortos que se imponía progresivamente en el país sin mayor sustento a pesar de que implicaba que un país mayoritariamente católico como Colombia se encontrara, junto con los países comunistas, a la cabeza mundial en esa actividad.

Gráfica 1 [34]

Las esporádicas estimaciones del número de abortos hechas para algunas ciudades colombianas también hubieran sido suficientes para desafiar el mito unánimemente aceptado. “En Barranquilla, por ejemplo, se reportaron 1.267 (abortos) en 1992” [35]. Tomando ese dato local como indicador de la incidencia nacional, el guarismo total sería de 43 mil [36], una décima parte de lo que se decía.

A finales de los noventa causó preocupación en los medios el altísimo número de legrados que se hacían en el Hospital Universitario del Valle (HUV), unos cuatro mil al año [37]. El HUV era la única entidad del sistema de salud de Cali autorizada para practicar esa intervencións, o sea que se puede suponer que allí llegaban casos no sólo de la capital del departamento sino de otros municipios. El alarmante número de abortos atendidos allí, equivaldría a nivel nacional a una cifra entre 40 y 80 mil abortos [38].

En el 2000, un día antes de la publicación de un informe sobre embarazo adolescente, se reportó el caso de un colegio distrital de Bogotá en el que “más de 40 niñas entre los 13 y los 17 años están embarazadas” pero ninguna iba a abortar [39]. Este simple relato ofrecía contra evidencia puntual a la arraigada idea de que la tercera parte de los embarazos, sobre todo de jóvenes, terminan en un aborto, que habría implicado en este colegio cerca de una docena de interrupciones. Sin embargo, el redactor retoma sin la menor duda la terca cifra de 400 mil.

Los antros insalubres en donde mueren pocas mujeres


Cualquiera de las incoherencias anteriores es menor si se compara con la más notoria, la de esa astronómica cifra de abortos clandestinos, realizados en condiciones de sanidad deplorables, con altísimo riesgo para la vida y la salud de las mujeres sometidas a la intervención pero, paralelamente, con un número bastante modesto de muertes producidas por esas operaciones insalubres al margen de la ley.

El mega guarismo de los abortos mundiales se divulgó con otra estadística global: decenas, cientos de miles de mujeres muertas por interrupciones de embarazo clandestinas. “Por lo menos 200.000 mujeres mueren cada año por abortos fallidos” sentenciaba un obstetra en una publicación de la OMS a principios de los noventa [40]. Oficialmente, la misma organización era más cautelosa. En el reporte de un grupo técnico reunido en Ginebra en 1992 se reconoció que el número de muertes por aborto inseguro era difícil de determinar no sólo por la virtual imposibilidad de saber la incidencia de aborto en mujeres en edad reproductiva sino porque tampoco era fácil saber con precisión la proporción de casos que terminaban fatalmente [41]. El mismo informe ofrecía un rango relativamente amplio, 50 a 150 mil decesos aclarando que la “eventual caída en el número de muertes anuales relacionadas a los abortos se puede atribuir a prácticas de cuidado del aborto más seguras” [42].

Cuando los estimativos de mortalidad mundial por abortos empezaron a divulgarse en Colombia la cifra ya se había ajustado drásticamente a la baja: “70 mil (mujeres) mueren debido a complicaciones” [43]. La cifra venía respaldada por una de las revistas médicas más prestigiosas, The Lancet, que estimaba entre 60 y 120 mil las muertes por prácticas abortivas clandestinas [44].

La información sobre mortalidad materna venía enmarcada por dos teorías. La primera, bastante difícil de rebatir, es que los abortos ilegales implican mayor riesgo para la salud de la mujer. Incluso para esta hipótesis, más que razonable, es posible encontrar escenarios que la contradicen. Uno, mencionado en el mismo artículo de The Lancet, es la India, con aborto legal pero carencia de una red sanitaria eficaz y con abortos en “un medio absolutamente insalubre y sin las medidas preventivas necesarias” [45]. Otro contraejemplo interesante es el de Chile, en donde en 1989 se derogó la ley que permitía el aborto terapéutico y, después de la ilegalización, entre 1989 y el 2007, “la mortalidad por aborto se redujo de 13.7 a 1.7 por 100,000 nacidos vivos” [46]. La información colombiana sobre mortalidad materna ocasionada por abortos también muestra una caída sostenida desde 264 defunciones en 1983 a 70 en el 2010, un significativo descenso que se dio bajo un régimen legal esencialmente prohibitivo [47].

Lo que estas experiencias sugieren es que la clandestinidad no es condición ni suficiente ni necesaria de alto riesgo de mortalidad de los abortos, que depende tal vez menos de la ilegalidad que del cubrimiento y calidad del sistema sanitario. Así empieza a reconocerlo incluso la OMS. Entre los dos casos extremos de interrupción de embarazo legalmente aceptada -un aborto farmacológico en el hospital de un país desarrollado y la introducción de objetos en una consultorio improvisado y no desinfectado de un país atrasado-  hay “todo un espectro de riesgos, como la auto administración de misoprostol o el uso de técnicas anticuadas como el legrado, aún por médicos bien entrenados” [48]. Con tal dispersión, sumada a la continua caída en las tasas de mortalidad por aborto en el mundo, la misma organización internacional admite que sus definiciones “pragmáticas” –como por ejemplo asimilar a inseguro cualquier aborto no legal- requieren reajustarse al nuevo contexto [49].

La segunda teoría sobre los riesgos del aborto clandestino, contra intuitiva, poco creíble y contradictoria con cualquier evidencia o testimonio, es que el número de abortos es mucho, muchísimo mayor, en los países en los que la práctica está penalizada [50]. Esta insólita hipótesis se propuso inicialmente con bastante cautela [51] pero se convirtió en una de las verdades a medias que a fuerza de repetirla se fue imponiendo. Nunca se hizo el más mínimo esfuerzo por justificar la extraña teoría, por ejemplo aludiendo al mayor acceso a contraceptivos en los países desarrollados. Así, quedó flotando la posibilidad de una asociación realmente bizarra: la clandestinidad actuaría como un incentivo para que las mujeres aborten y, simultáneamente, para que los médicos ofrezcan ese servicio.

La experiencia española, en donde el aborto fue informalmente legalizado en el año 1985, contradice la pretensión de que la ilegalidad se asocia con una mayor incidencia de abortos. En este caso, casi un experimento controlado, se observa precisamente lo contrario: a medida que el aborto se percibió legalmente autorizado se fue incrementando su demanda y generando una oferta para satisfacerla [52].

En Colombia, para la primera mitad de los noventa, la tasa de mortalidad materna por todas las causas [53], con una marcada tendencia a la baja, ya era inferior a 10 por cada 100 mil nacimientos [54]. O sea que los estimativos de las agencias internacionales para la mortalidad por aborto eran 60% superiores a los que se observaban en el país por esa y todas las demás causales. El número total de mujeres muertas por un aborto era apenas superior a 100 [55]. Aunque con altibajos, la participación de los abortos en el total de decesos maternos también venía disminuyendo. El mito de los 400 mil abortos se impuso ignorando por completo esa mortalidad cada vez más reducida.

Gráfica 2


La información sobre el continuo y marcado descenso de las defunciones causadas por abortos en Colombia no estaba limitada a documentos técnicos a los que poca gente tenía acceso. En el 2001, el principal diario nacional anunciaba que “las muertes maternas bajaron el 51 por ciento en Bogotá en los últimos 10 años” [56] .

La experiencia divulgada en los medios de algunos hospitales que atendían un gran número de mujeres con complicaciones por abortos clandestinos se puede utilizar para calcular la relación entre muertes e interrupciones de embarazo y, por esa vía, tener otro estimativo del total de abortos en el país. En 1998, el jefe de la Unidad de gineco-obstetricia del HUV, calculaba que de 4.000 mujeres que se atendían al año en ese centro por complicaciones de aborto resultaban unas 12 muertes maternas [57]. Con esa tasa, el total nacional de interrupcciones de embarazo se podía estimar en 50 mil, la octava parte del mito y un número no muy diferente del que se puede calcular con otros datos disponibles.

Una tragedia peor que el conflicto armado


Por la época en que empezó a imponerse la cifra de los varios cientos de miles de abortos en Colombia, también llegó del extranjero una tasa de mortalidad de esas intervenciones que ni siquiera era consistente con el número de muertes maternas globales que se pregonaban [58]. Si esa proporción se hubiera aplicado a las cifras totales de aborto clandestino ya consagradas por los medios -20 millones-  los estimativos de muertes anuales por esa causa en el mundo hubieran llegado a la friolera de 3.2 millones. Las agencias internacionales nunca superaron la barrera de 200 mil y ya habían estabilizado el estimativo de defunciones maternas por aborto clandestino en 70 mil.

Al multiplicar la tasa pregonada internacionalmente por el supuesto número de abortos colombianos, igualmente sobre dimensionado, se llegaba a una cifra de muertes espeluznante que un joven periodista adoptó sin ningún reparo en su investigación: “con base en los 300.000 mil casos que revela el Ministerio de Salud, y considerando la estadística de la Unicef, se establece que alrededor de 45.000 mujeres al año podrían morir en el país debido a abortos mal practicados”.

En ese entonces, el número de homicidios colombianos no llegaba a los 28 mil, pero eso no fue suficiente para despertar el escepticismo y sentido crítico del periodista. Por el contrario, no tuvo inconveniente en anotar que la cifra calculada para el total de mujeres que podrían estar muriendo en el país por abortos clandestinos “duplica el número de víctimas que arroja anualmente la violencia en sus múltiples manifestaciones: guerrilla, narcotráfico y delincuencia común” [59]. Para un total mundial de 70 mil muertes de mujeres causadas por abortos, la participación de Colombia superaba la mitad de las que ocurrían en todo el planeta. Ese despropósito tampoco despertó sospechas del periodista.

La contabilidad de actividades clandestinas


Prácticamente desde sus inicios, la criminología enfrentó como uno de sus principales problemas medir la magnitud del fenómeno bajo estudio [60]. En los Estados Unidos, hacia 1930, varios sociólogos señalaron que la información judicial o de policía era insuficiente para el diagnóstico, pues no daba información sobre la delincuencia no denunciada, la llamada “cifra negra” de la criminalidad.

El problema del registro de los abortos cuando son una práctica ilegal es similar y presenta las mismas limitantes básicas de las de otros delitos, incluso de forma más acentuada. A diferencia de casi cualquier crimen en el que la víctima puede tener algún interés en denunciarlo, en el caso del aborto nadie está inclinado a hacerlo, salvo en circunstancias excepcionales, como la muerte de la mujer sometida a la intervención. Como se señaló, son numerosos los testimonios en los que las partes envueltas en un incidente de aborto manifiestan explícitamente no tener ningún interés en reportarlo y por eso no queda registrado. Así, la incidencia de esta conducta se debe estimar a partir de las pocas trazas que quedan, y de supuestos heroicos para cuantificar la fracción que no deja ningún rastro.

Una de las metodologías utilizadas para estos estimativos se basa en los casos de abortos clandestinos que, por complicaciones posteriores a la intervención, llegan al sistema de salud. El Guttmacher Institute ha propuesto y ha implementado esta metodología desde hace varias décadas. El supuesto básico es  que el personal médico y auxiliar del sistema de salud que atiende las complicaciones tiene una idea aproximada de los casos que no requirieron atención postaborto, no llegaron a solicitar sus servicios de apoyo y por ende no quedaron registrados. Así, al número observado de complicaciones se le aplica un factor multiplicador, basado en la opinión del personal de salud que hubiera podido atenderlos pero no lo hizo.

El factor de expansión utilizado para esta metodología normalmente se asocia, y de manera inversa, con los riesgos de abortar que, a su vez, dependen de la tecnología predominante para interrumpir los embarazos. Si el aborto clandestino se hace más seguro, cabe esperar menos complicaciones, menos casos atendidos por el sistema sanitario después de la intervención y un multiplicador mayor. Esto es en teoría, pues también se puede pensar que si la tecnología permite que los médicos no distingan un aborto inducido de uno espontáneo, y que el cubrimiento de los servicios sanitarios se ha extendido a la mayoría de la población, las mujeres no tendrán inconveniente en pedir atención sanitaria incluso después de abortos, por ejemplo farmacológicos, sin grandes complicaciones. Con el uso del misoprostol, por ejemplo, se puede pensar que esa se ha vuelto una situación corriente en Colombia.



Diagrama 1

Hay dos aspectos que no han sido suficientemente discutidos de esta metodología. El primero es el de los mecanismos a través de los cuales quienes atienden complicaciones en el sistema sanitario reciben la información sobre los abortos clandestinos que no requirieron atención posterior. Como se señaló, lo que muestran un buen número de testimonios es la férrea voluntad de quienes participan en un aborto de no dejar ningún rastro. Si una intervención no requiere atención médica posterior, es difícil imaginar el canal a través del cual esa información puede llegar, aunque sea como rumor, al sistema sanitario. El personal del sistema de salud no tiene cómo conocer algo que sólo saben quienes no acuden para atención hospitalaria.

En el trabajo de campo realizado por el Externado se señala cómo, ya desde los noventa, existían vasos comunicantes entre los médicos, enfermeras o farmaceutas que practicaban o facilitaban los abortos y el sistema de salud, pero que estos iban en una sola dirección: era usual la recomendadión para que, en caso de complicaciones –como hemorragias o infección- la mujer se dirigiera a una clínica u hospital para que la atendieran. Pero comunicación en la otra vía no se entiende bien cómo podría fluir. Tampoco hay testimonios o historias sobre la mecánica de blanqueo de esa información clandestina y en extremo confidencial

El segundo aspecto, crucial en el escepticismo de la criminología con las cifras oficiales de delitos, tiene que ver con el eventual interés de quienes manejan o recopilan esas cifras por aumentarlas o disminuírlas a su conveniencia. Tal parece ser el caso del trabajo realizado por el Guttmacher Institute para su publicación del 2011 con un estimativo del número de abortos sospechosamente similar al que ya había sido informalmente adoptado por el activismo y los medios como cifra cuasi oficial para el país. Luego de señalar que, tras un ambicioso trabajo de campo, se contabilizaron 93 mil complicaciones por aborto en el sistema sanitario, aplicando un extraño pero conveniente multiplicador de 4.29 se llegó a la cifra estimada, precisa, de 398.700 abortos.

Fuera de opaco, el multiplicador utilizado para ese verdadero hit fue elástico [61]. El escepticismo se afianza con un artículo anterior de la misma institución [62] donde se planteaba que los riesgos del aborto clandestino se habían reducido significativamente entre 1976 y 1992 y por lo tanto los abortos que llegaban al sistema de salud eran una proporción cada vez menor del total. Por eso, se ajustaba hacia arriba el multiplicador. A partir de 1992, con el avance del aborto farmacológico, los riesgos siguieron bajando, tal vez aceleradamente. El multiplicador ha debido seguir creciendo. Extrapolando la tendencia anterior, su valor actual estaría entre 8 y 9, y el total estimado de abortos con esa metodología sería casi 800 mil, una magnitud ya impresentable, casi igual al número de nacimientos. Un experto y preciso 4.29 daba una cifra mejor estimada, apreciada, esperada. Aunque adoptar un multiplicador tan bajo implicara suponer que el riesgo de abortar aumentó desde 1986, algo contradictorio con toda la evidencia disponible, y con el mismo informe. Todas las regiones del país, incluso Bogotá, presentan en la actualidad, según este trabajo, mayor inseguridad para abortar que el promedio nacional en 1986. La distribución geográfica tan homogénea del multiplicador también incomoda. A zonas muy diferentes en cuanto a incidencia de aborto y acceso a los servicios de salud se aplica un factor de expansión similar.

Otros artículos de la misma organización reconocen las limitaciones asociadas al uso extensivo del misoprostol para estimar el total de abortos a partir de la cifra de mujeres que acuden al sistema de salud [63]. La ratificación de la mítica cifra por parte de una institución internacionalmente prestigiosa recibió amplio cubrimiento en la prensa. Otro dato del mismo trabajo, las 70 muertes anuales por aborto que confirman la continua caída en el riesgo de esa páctica recibió mucho menos atención.

Los problemas de este estimativo basado en un multiplicador no se limitan a su extraño y oportuno valor. Las 93 mil complicaciones también han sido criticadas [64]. La imprecisión más seria es que del total de 115 mil mujeres atendidas por cualquier forma de aborto, se estimó que 22 mil correspondieron a pérdidas espontáneas, calculadas a partir de la proporción de mujeres con aborto espontáneo entre quienes dan a luz en una IPS [65]. Estos cálculos equivalen a suponer que en Colombia, por cada mujer que se hospitaliza por aborto espontáneo, hay más de cuatro que lo hacen por aborto inducido, una relación que contradice la evidencia de varios países incluyendo a Colombia [66].

No sólo los de Colombia son los estimativos de abortos hechos por el Guttmacher Institute que despiertan serios interrogantes. En algunos países se ha podido constatar que estaban abiertamente sobre estimados. Para el año 2006, esta organización calculaba que en México ocurrían cada año 879 mil abortos de los cuales 165 mil en la capital [67]. El aborto fue legalizado en México D.F. en 2007. Después de esta despenalización, entre Abril de ese año y Septiembre de 2011, se practicaron en esa misma ciudad un total de 67 mil Interrupciones Legales de Embarazo (ILE), o sea un poco más de 15 mil al año, menos de la décima parte de los estimados por Guttmacher para esa misma ciudad. La sobreestimación de los casos mexicanos, esta vez verificada, es similar a la colombiana.

Para el Uruguay, no parecen existir estimativos aislados del número de abortos por parte de Guttmacher. Pero aplicando la tasa que adoptan para América Latina, de 33 abortos por cada 1000 mujeres entre 15 y 44 años [68], se tendría un estimativo para este país cercano a 23 mil [69]. A finales de 2012 se comenzó a aplicar en ese país la despenalización de los abortos que se realicen antes de las 12 semanas de gestación. En 2013, primer año de vigencia de la ley, se realizaron menos de 7 mil interrupciones de embarazo [70], o sea casi la tercera parte de las estimadas con los parámetros de Guttmacher.

El número de abortos en las Encuestas de Demografía y Salud


Una opción para estimar la magnitud de una actividad clandestina, usual en criminología, son las encuestas representativas de la población en las que se pregunta por la experiencia de haber sido víctima de un incidente criminal, información que normalmente va acompañada de la pregunta si el asunto fue puesto en conocimiento de las autoridades. Aunque menos extendidas, también son corrientes en varios países las encuestas confidenciales y anónimas, conocidas como de auto reporte, hechas a un grupo de infractores –por lo general jóvenes- en las que se indaga por el tipo y la cantidad de delitos que han cometido y se comparan sus respuestas con las de un grupo de control. 

Para un incidente como el aborto, el instrumento de medición pertinente se asemejaría más a las encuestas de auto reporte. Fue precisamente eso lo que se hizo para el estudio del Externado, con una encuesta anónima [71] cuya principal pregunta era “se ha practicado o se ha mandado practicar alguna vez un aborto?”. Con esta redacción se eliminó la eventual confusión entre los abortos inducidos y los espontáneos.

Otra fuente disponible de información directa sobre los abortos, recogida directamente de las mujeres con esa experiencia, son las distintas versiones de lo que se conoce en la actualidad como la Encuesta Nacional de  Demografía y Salud (ENDS) que contiene una pregunta sobre aborto en todas las versiones hechas periódicamente, cada quinquenio, desde 1990. Hay tres diferencias esenciales entre estas encuestas y la del estudio del Externado que hacen prácticamente imposible comparar los resultados de unas y otra. La principal discrepancia es que en las ENDS la pregunta sobre aborto se respondió ante una tercera persona y no de manera secreta. Es más que razonable pensar que una conducta que no se quiere divulgar ni siquiera a los círculos más íntimos, también provocará reticencias ante alguien desconocido. Lo mismo puede decirse si se trata de una experiencia que se quiere superar y olvidar rápidamente.

La segunda diferencia está relacionada con el número de preguntas y la extensión del formulario, que en las ENDS son muy superiores y cubren muchos más apectos de la vida de la mujer. Se puede conjeturar que el no estar centrada en el aborto puede ser un factor adicional de subregistro de las encuestas, puesto que distrae y facilita evadir la pregunta, necesariamente incómoda, sobre una conducta ilegal.  

La tercera disimilitud, tal vez más fácil de resolver, es que las primeras ENDS, de 1990 al 2000, mezclaban en la misma pregunta los abortos inducidos con las pérdidas espontáneas: “tuvo alguna vez un embarazo en el cual tuvo pérdida, abortó o terminó en un nacido muerto?” con una opción única de respuesta sí o no. A partir de 2005, aunque la pregunta es la misma ya se abre la posibilidad de respuesta a las opciones de pérdida, interrupción/aborto, embarazo extrauterino o muerte fetal intrauterina.

Por las razones anteriores no pareció prudente hacer una comparación entre los resultados de la encuesta realizada para el estudio del Externado en 1992 y las distintas versiones de la ENDS que sí tienen una metodología homogénea y se adecúan más al ejercicio de análisis entre distintos períodos. El único comentario que se puede hacer con seguridad es que, por las razones expuestas, la encuesta realizada por el Externado presentaría un subregistro menor de la incidencia del aborto inducido en Colombia.

En las encuestas de victimización una pregunta extremadamente útil para conocer la proporción de incidentes ocurridos que llegaron a conocimiento de las autoridades es la que se hace a quienes fueron víctimas de un ataque criminal sobre si pusieron la respectiva denuncia. De manera similar, para tener un punto de comparación entre la información de las encuestas sobre abortos y los registros en el sistema de salud de las mujeres que solicitaron atención médica por complicaciones, hubiera sido deseable indagar si la mujer que reporta haber tenido un aborto acudió posteriormente a solicitar servicios sanitarios. Desafortunadamente, ninguna de las ENDS ni la encuesta del Externado incluyeron esa pregunta. Esa información hubiese permitido evaluar qué tan adecuado es el multiplicador utilizado en la metodología de Guttmacher.

La información más directa que se obtiene de las ENDS en los distintos años es el porcentaje de mujeres que alguna vez han tenido una interrupción de embarazo, incluyendo tanto pérdidas espontáneas como abortos inducidos.


Gráfica 3

Se observa un importante aumento -del 15% en 1990 al 18% en 2000- seguido de una estabilización hasta el 2010. Al descomponer este porcentaje entre las mujeres que reportan haber tenido interrupción de embarazo (IE) una sola vez y aquellas que tienen más de una experiencia, se constata que la estabilización en la segunda mitad del período corresponde a un crecimiento similar al de la primera mitad del período para quienes reportan una sola IE acompañado con un descenso del 4% al 2% del porcentaje de mujeres con más de una.

Para utilizar estos porcentajes en la estimación del número anual de abortos en el país es necesario hacer algunos supuestos que se resumen en el siguiente cuadro.

CUADRO 1

Para cada encuesta se tiene el número total de mujeres en la muestra y aquellas que han tenido una interrupción de embarazo (IE). Se sabe, además, cuantas de ellas han tenido una IE Única (IEU) y cuantas más de una IE (IEMU). Del trabajo del Externado se puede tomar el número de abortos que han tenido aquellas mujeres que reportan más de uno [72] para de esta manera calcular la proporción de IEU e IEMU en el total de nacimientos reportados por las mujeres de cada encuesta. Si ese porcentaje se aplica al total de nacimientos ocurridos en el país en cada año se obtiene el total para el país desagregado entre IE únicas y múltiples.

Así, el número total de interrupciones de embarazo –espontáneas más inducidas- que se deriva de las ENDS es apenas superior a 100 mil. Si se tiene en cuenta la información de las encuestas del 2005 y el 2010, de acuerdo con las cuales más de la mitad (55%) de las interrupciones corresponden a pérdidas y sólo el 30% a abortos [73] se tendría que actualmente el número total de interrupciones voluntarias de embarazo estaría entre 30 y 40 mil anuales. Esta cifra es diez veces inferior a los tradicionales 400 mil abortos que se impusieron progresivamente en la prensa, sin ninguna evidencia sólida en el país.

No sobra destacar que el orden de magnitud de estos estimativos es muy similar al que se obtiene de otras fuentes totalmente diferentes, como son los abortos practicados hace unos años en el HUV de Cali o los estimados para Barranquilla. También se acerca bastante al cálculo basado en las únicas cifras oficiales relativamente confiables sobre el fenómeno, las de mortalidad materna.

Gráfica 4

Vale la pena anotar que el número total de interrupciones de embarazo reportadas en las ENDS de 2005 y 2010 es del mismo orden de magnitud de las complicaciones obtenidas por Guttmacher a través de la encuesta a personal del sistema sanitario colombiano (93 mil) y utilizadas para ratificar los 400 mil abortos aplicando un multiplicador bastante arbitrario y contradictorio con trabajos anteriores [74]. Teniendo en cuenta el testimonio, relativamente estándar, de los médicos que al atender a una mujer que viene para atención postaborto es casi imposible diferenciar entre la interrupción espontánea o inducida, dificultad que con la extensión de las técnicas farmacológicas se ha agudizado, se puede pensar en un escenario en el que la utilidad y el sentido original del multiplicador han cambiado radicalmente. Ya no parecería tan extraña la situación, no considerada factible en esa metodología, de un aborto practicado por fuera del sistema de salud o, de manera creciente, en el domicilio de la mujer y que, a pesar de su bajo riesgo, se da con una solicitud posterior de atención médica.

En el estudio del Externado se encontró que de cada 100 embarazos, 82% resultaban en nacimientos, 12% en abortos inducidos y 6% espontáneos [75]. O sea que, a principios de los noventa, por cada pérdida se observaban dos interrupciones voluntarias. Doce años más tarde, en la ENDS del 2005, la proporción ya casi se había invertido pues para 30 abortos voluntarios reportados por las mujeres se hacía referencia a 55 espontáneos. Parecería que la distinción entre una interrupción inducida y una espontánea es cada vez más difusa o, dicho en otros términos, que podría haber una tendencia creciente a calificar de natural un aborto que se decide. Esta confusión, y la consecuente dificultad para distinguir unos de otros podría haberse extendido a las respuestas de las encuestas a las mujeres. La línea porosa que separa los abortos de las pérdidas se ha visto facilitada por la mayor disponibilidad de productos farmacológicos que casi “simulan” una hemorragia espontánea.

Los estimativos inferiores a los 50 mil abortos anuales que resultan de las ENDS sin la menor duda subestiman los que realmente ocurren, principalmente por las dos razones mencionadas atrás: estas encuestas no fueron diligenciadas de manera anónima por lo que, al existir cierta reticencia para aceptar que se ha incurrido en una conducta ilegal, algunas mujeres pueden optar por no reportarlo. También es probable que la extensión de los formularios y el hecho que se aborden otros temas facilite la inclinación a no mencionar los abortos. La manifestación más obvia de este subregistro es la mayor proporción de mujeres que en la encuesta corta y secreta del Externado aceptaron en 1992 haber abortado alguna vez (22.9%) contra las que en las ENDS de años cercanos reportan haber tenido interrupciones de embarazo (15% en 1990 y 19% en 1995).

Incluso sin esta comparación que hace evidente el subregistro, existen, dentro de las mismas ENDS algunos síntomas del mismo fenómeno.  En efecto, una pregunta que se les ha hecho a las mujeres que reconocen haber abortado alguna vez se refiere a la fecha en la que ocurrió en incidente. En principio, si el reporte fuera totalmente fidedigno, con esta pregunta se podría tener un buen indicativo del número de abortos ocurridos en cada uno de los años anteriores. La realidad es que el perfil en el tiempo de las interrupciones anuales de embarazo según el recuerdo de las mujeres que respondieron las disintas etapas de la encuesta es bien peculiar y tiende a concentrarse en los períodos más recientes, de tal manera que los abortos parecerían haber crecido muchísimo justo antes de cada una de las encuestas.


Gráfica 5


Dos cosas quedan claras de esta información. La primera es que la subestimación de los abortos reportados aumenta con el tiempo: de acuerdo con todas las encuestas, varios años antes de cada versión parecería haber muchos menos abortos de los reportados en la encuesta realizada entonces. Aunque una parte de ese menor valor se podría explicar por las mujeres que, por su mayor edad, ya dejan de ser tenidas en cuenta en las encuestas, es evidente el creciente “factor olvido” de los abortos con el paso de los años. El otro aspecto es que los datos referidos a períodos más recientes, por ejemplo, el año anterior o el último quinquenio antes de la encuesta, muestran entre sí un patrón similar al obtenido con los datos globales: dos períodos relativamente estables 1990-1995 y 2000-2010 separados por un marcado incremento entre 1995 y 2000.

Una manera de tratar de corregir parcialmente el subregistro en cada una de las encuestas es reemplazando el promedio anual de abortos reportado en ellas tanto por el número del año inmediatamente anterior a la encuesta –para obtener así un estimativo máximo del número de abortos- como por el promedio del quinquenio anterior suponiendo que este es un valor medio.  El número total de abortos efectivamente reportado en cada encuesta se tomaría como el mínimo del rango de valores probables.

Gráfica 6


Lo que este ejercicio muestra es que el período con mayor incertidumbre sobre el número total de abortos inducidos fue la primera mitad de la última década, con un total entre 100 y 200 mil Interrupciones de Embarazo anuales.

Un supuesto conservador es que en la actualidad se reportan como pérdidas espontáneas algunos abortos y que la verdadera participación de unas y otros es –tal como se observó hace más de dos décadas en el estudio del Externado- de 66% de contra 33% de los segundos. Si después de compensar el “factor olvido” o reticencia a reportar que se incrementa con el tiempo, se considera un nuevo correctivo a la proprocón entre interrupciones voluntarias y pérdidas, se tendría un estimativo para el total de abortos anuales comprendido entre un mínimo de 75 mil y un máximo de 114 mil, con un valor medio de 90 mil. O sea menos de la cuarta parte de la pertinaz cifra de 400 mil para la que simplemente, no existe ninguna evidencia que permita corroborarla.

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[1] Zamudio et. al. (1999) pp.  93 y 135
[2]  Ibid. p. 105
[3] ET (1998a)
[4] Ladipo (1990) p. 20
[5] WHO (1970) p. 33
[6] WHO (1992) p. 6
[7] ET (1992)
[8] Santos Rubino (1993)
[9] ET (1994b)
[10] Ibid.
[11] Colombia, Chile, México, República Dominicana y Perú. ET (1994a)
[12] Reuter (1996)
[13] ET (1996b)
[14] “Cada año se practican en el mundo unos 50 millones de abortos, aseguró ayer en Roma el cardenal Alfonso López Trujillo, presidente del Pontificio Consejo para la Familia” Efe (1996)
[15] ET (1998b)
[16] ET (2000a)
[17] Moanack (2000)
[18] ET (2001b)
[19] Celis (2002)
[20] Zamudio et. al. (1999) los principales resultados de esta estudio se resumen más adelante
[21] Roa (2005)
[22] Este trabajo de Guttmacher se discute en detalle más adelante
[23] La última sección de este doumento está dedicada a los estimativos del número de abortos a partir de las distintas versiones de la ENDS
[24] García Villegas (2015)
[25] Ruiz-Navarro (2015)
[26] WHO (2008) p. 39
[27] En una muestra de un poco más de treinta mil mujeres se reportaron abortos por un total ligeramente inferior a diez mil y, por otro lado, cerca de 67 mil nacimientos, o sea 14.5 abortos por cada cien hijos nacidos vivos. Suponiendo que esa fracción, acumulada y retrospectiva, sirve para estimar el número de incidentes ocurridos en un año, para el total anual de nacimientos observados en el país en esa época, 900 mil, por regla de tres se pueden calcular los 130 mil
[28] “Una medida de la intensidad del fenómeno es la tasa de abortos por cada cien embarazos. Esta medida es mucho más fina porque no contiene los sesgos que introduce la mayor o menor exposición al riesgo de embarazo”. Zamudio et. al. p. 40
[29] Zamudio et.al. (1999) p.40
[30] ET (2000b)
[31] Efe (1995)
[32] 290 millones de habitantes contra 37.
[33] Santos Rubino (1993)
[34] Datos tomados de http://www.infoplease.com/ipa/A0004397.html. Para Francia, España y China de Wilkipedia.
[35] Según el Departamento Administrativo de Salud (Dasalud). Santos Rubino (1993)
[36] Ese año, la población de la capital del Atlántico era un poco menos del 3% de la del total del país. https://en.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
[37] ET (1998c)
[38] La participación de la población del Valle en el total nacional era del 10% en 1995 y la de Cali el 5%. Escobar y Collazos (2007)
[39] ET (2000c)
[40] Ladipo (1990)
[41] WHO (1992) p. 6
[42] Ibid. p. 7
[43] ET (1996b)
[44] Efe (1996a). Aunque no he podido identificar el artículo de The Lancet al que hace referencia el despacho de prensa, se puede sospechar que estaba escrito por investigadores del Guttmacher Institute y de la OMS, que después publicaron sobre el mismo tema en esa presitigiosa revista. Ver Sedgh et. al. (2008). Es conveniente señalar que la credibilidad de Guttmacher era y sigue siendo muy alta en los EEUU, país en donde sus estadísticas se basan en fuentes confiables y verificables. Para otros países las críticas a su metodología y sus audaces y contradictorios supuestos son recientes. Ver Crouse (2008)
[45] Efe (1996a).
[46] Koch et. al. (2012)
[47] DNP (1999). La cifra del 2010 es de Prada et. al. (2011)
[48] Ganatra et. al. 2008
[49] Ibid.
[50] Los estimativos de Guttmacher para regiones en donde el aborto está penalizado como América del Sur y Africa oriental son de 33 y 39 abortos por cada mil mujeres, mientras que en Europa occidental, con la práctica legalizada, la cifra observada es tan sólo 12. Singh et. al 2009, Gráfica 3.3, p. 19
[51] “Los expertos calculan que esta cifra, muy superior a la de los países desarrollados, está directamente relacionada con la legalidad del procedimiento, aunque indicaron que esto no es una garantía”. Reuter (1996)
[52] En el año 1987, dos años después de aprobada la ley que lo despenalizó en tres circunstancias excepcionales, pero a las cuales se les fue encontrando un acomodo, se registraron en la península un poco menos de 17 mil abortos. En los años siguientes se observaron pequeños incrementos anuales que se estabilizaron durante los noventa. Desde el año 2000 el crecimiento fue sostenido hasta alcanzar un máximo de 118 mil en 2011, un año después de que se cambió el sistema de prohibición con restricciones a un sistema de plazos.  Koch et. al (2012). El sistema de causas o excepciones que hubo en España entre 1985 y 2010 fue sistemáticamente burlado por parte de las clínicas especializadas que suministraban los certificados de que la mujer vería afectada su salud mental si no abortaba. Rubio (2015)
[53] Fuera de abortos, toxemias, hemorragias, complicaciones de trabajo y parto, perperio y otras. DNP (1999)
[54] DNP (1999) Cuadro 8 p. 20
[55] Para el quinquenio 1990-1995, el promedio fue de 154 llegando para el último año a 119.
[56] Según la Secretaría Distrital de Salud, esa disminución podía estar relacionada con el descenso del número de abortos inducidos en la ciudad. ET (2001a)
[57] ET (1998c)
[58]  “Según estudios realizados por la Unicef, 17 de cada cien mujeres que recurren a esta práctica clandestina mueren debido a las precarias condiciones en las cuales se lleva a cabo este método” Santos Rubino (1993)
[59] Ibid.
[60] Ver Rubio (2008)
[61] Un año antes, el mismo Guttmacher  mencionaba para Colombia, con el mismo trabajo de campo del 2008, un multiplicador de 4.12. Singh, Prada & Juarez (2010)
[62]  Firmado por una de las  autoras del informe, que sugería para Colombia un multiplicador de 5.5, reajustado desde un valor de 3.5 años atrás, “por los adelantos en disponibilidad de servicios seguros”.  Singh y Sedgh (1997)
[63] Para los nuevos tiempos se recomiendan tres metodologías alternativas, ninguna de las cuales se aplicó para la apresurada ratificación de los 400 mil abortos en el 2011, a pesar de que el informe reconoce que el misoprostol ya se usa en la mitad de los abortos colombianos. Wilson, Garcia & Lara (2010)
[64] Este número se estimó con una encuesta de opinión a 289 personas de instituciones de salud colombianas. Una primera inquietud surge de la representatividad de esa muestra. “Los autores no mencionan la probabilidad de prestar servicios postaborto de las instituciones, ni tampoco las razones que justifican las proporciones de una primera elección… y luego la sucesiva exclusión que finaliza en el número de 289 instituciones seleccionadas. La representatividad de la muestra es por tanto desconocida y parece mejor ajustada a un muestreo por conveniencia”. La segunda objeción tiene que ver con el número de complicaciones que, en una muestra no aleatoria, no se basaron en registros. Koch et. al p.363
[65] Ibid.
[66] Más adelante se señalan estimativos para esta relación.
[67] GI (2008)
[68] Singh et. al (2009)
[69] Datos de población por sexo y edades tomados de INE, http://www.ine.gub.uy/web/guest/censos-2011
[70] http://www.lanacion.com.ar/1780144-uruguay-el-numero-de-abortos-legales-aumento-un-20-por-ciento-en-2014
[71] En el cuestionario se especifica que es “de autodiligenciamiento secreto y consignación reservada” . La mujer lo respondía por sí misma y luego lo depositaba en un sobre sin que nadie pudiera enterarse de sus respuestas. Por esta razón del autodiligenciamiento, el número de preguntas es muy reducido -tanto que el formulario es de una sola página- y se cubren muy pocos aspectos diferentes a la fecundidad y las interrupciones de embarazo. Zamudio et. al. (1999) Anexo
[72] Aquí es necesario suponer que el número de interrupciones de embarazo de quienes han tenido más de una es similar al número de abortos de la repitentes.
[73] Ver parte inferior derecha de la Gráfica 4
[74] Prada et. al. (2011)
[75] Zamudio et. al. Cuadro Nº 18 p. 41